Las auditorías ambientales se originaron en la década de 1970 en Estados Unidos, donde un grupo de empresas industriales comenzaron de manera independiente a revisar y autoevaluar el estado ambiental de sus procesos de producción. El objetivo era prevenir accidentes, reducir riesgos y mejorar los niveles de seguridad. Con el paso de los años, estas metodologías resultaron en beneficios económicos y sociales significativos tanto para la protección del medio ambiente como para las propias empresas.
Otro factor que llevó a la implementación de metodologías de evaluación preventiva en varios países fue la explosión de 1984 en San Juan Ixhuatepec, México, que causó la muerte de más de 700 personas y numerosas otras víctimas. Estos accidentes, ocurridos en países en desarrollo, compartían un factor común: los riesgos asociados con la operación de ciertas instalaciones no se habían detectado a tiempo.
Esta situación desencadenó una necesidad global de proteger a la población contra este tipo de riesgos, lo que solo se podía lograr mediante una revisión metodológica de los procesos industriales.
En México, las explosiones de Guadalajara en 1992 llevaron al gobierno federal a solicitar estudios de riesgo a más de 400 industrias, un número que luego aumentó a 723 debido a la participación voluntaria de otras industrias interesadas.
Este accidente también llevó a la creación de PROFEPA y a la adopción de las auditorías ambientales como instrumento para la prevención de accidentes y el diagnóstico metodológico de las operaciones industriales, que se convirtió en parte de la estrategia de PROFEPA para cumplir con sus responsabilidades ambientales.
El diseño de las auditorías ambientales en México se inspiró no solamente en las metodologías de auditoría practicadas en países como Estados Unidos desde la década de 1970, sino que también consideró aspectos como:
- Promoción por parte de las autoridades ambientales federales
- Libertad de la empresa auditada para seleccionar al auditor, con PROFEPA designando un auditor supervisor (requisito que se eliminó posteriormente con el establecimiento de un sistema de acreditación de auditores)
- Carácter voluntario de la auditoría
- Negociación de un Plan de Acción derivado de la auditoría, que incluye todas las acciones que la empresa debe realizar para cumplir con la legislación y proteger efectivamente el medio ambiente
- Firma de un Acuerdo entre la empresa y PROFEPA, en el que la empresa se compromete a implementar el Plan de Acción dentro de plazos establecidos y a presentar informes de avance a la autoridad, permitiendo la supervisión de PROFEPA durante las acciones.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) define las auditorías ambientales como «el examen metodológico de las operaciones de una empresa con respecto a la contaminación y los riesgos que generan, así como el grado de cumplimiento de la normativa ambiental y de los estándares internacionales y las mejores prácticas operativas y de ingeniería aplicables, con el fin de definir las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger el medio ambiente».
La negociación del Plan de Acción es un aspecto crucial de la auditoría ambiental, ya que durante este proceso, PROFEPA no impone sanciones a la empresa por incumplimiento de las regulaciones, excepto en el caso de medidas de seguridad urgentes.
Por lo tanto, es importante que el tiempo otorgado a las empresas para lograr el cumplimiento total esté plenamente justificado desde una perspectiva técnica y financiera.
Los aspectos técnicos que cubren las auditorías ambientales son:
Aspectos normados (o cubiertos por las normas ambientales).
- Administrativos – legales
- Emisiones a la atmósfera
- Descargas de aguas residuales
- Manejo de residuos peligrosos
- Contaminación de suelo y subsuelo
- Ruido perimetral
Aspectos no normados.
- Riesgo
- Seguridad Atención de emergencias
- Capacitación
- Normas y criterios internacionales aplicables
- Buenas prácticas de ingeniería
- Optimización de consumo de energéticos
